La “economía armenia” en el Imperio Otomano (parte II)

En el marco del plan de exterminio y destierro de toda población “no turca” del imperio, el Estado dictó leyes para enmascarar el saqueo y la confiscación de bienes de las víctimas armenias, que sentaron las bases de la recuperación económica de la “Turquía moderna”.

La República de Turquía forma parte del selecto grupo de países del G20, integrado por las principales economías industriales y emergentes del mundo. Considerando el tamaño de su producto bruto interno es la 19a economía del mundo e integra también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde agosto de 1961.

Estos y otros muchos factores permiten concluir que hoy Turquía se erige como una economía dinámica, alineada en un segundo o tercer pelotón detrás de los big five -EE.UU, China, Japón, Alemania, Reino Unido- pero peleando con los países europeos en el ránking de crecimiento económico y atracción de inversiones.

Pero esto no siempre fue así. Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, la economía turca estaba virtualmente devastada. El esfuerzo bélico y una desastrosa administración, junto al estallido de la guerra civil que consumía los escasos recursos, no permitían avizorar un futuro promisorio para la novel república declarada en 1923.

Sin embargo, el denostado Imperio Otomano y el gobierno de los Jóvenes Turcos, habría de dejarle una suerte de “herencia” al movimiento nacionalista, liderado por Mustafá Kemal “Ataturk”.

Aquella herencia fue ni más ni menos que la confiscación de bienes de los armenios deportados y asesinados en el contexto del plan genocida. También fueron saqueadas las pertenencias de quienes pudieron escapar y asentarse en otros países, dejando propiedades, comercios, industrias, maquinaria, tierras, animales, etc., que lógicamente, no pudieron llevarse al exilio forzado.

“Propiedades abandonadas”

Con el plan genocida en marcha desde abril de 1915, las deportaciones en masa abrieron el camino para el paso siguiente, la confiscación de bienes muebles e inmuebles. El Gobierno ordenó que los deportados debían dejar todas sus pertenencias bajo el cuidado de las autoridades, con la promesa de restituirles los bienes a su regreso. Como es sabido, esto nunca ocurrió. Incluso había penas para quienes intentaran vender los bienes. Así, los militares turcos hicieron la “vista gorda” para que ladrones y saqueadores se quedaran con lo que quisieran.

En el caso de comercios e industrias, los gendarmes se llevaban lo que les interesaba y el resto lo subastaban, vendiendo la mercadería a precio vil. En cuanto a los inmuebles, sencillamente eran confiscados por el Estado para integrar con su enajenación, el fondo de guerra.

El primer decreto se firmó el 30 de mayo de 1915 con la orden de marchar a la “relocalización”, dejando todos los bienes personales, incluyendo los de valor. Con fecha 10 de junio se dictó la Ley Suplementaria, que daba instrucciones sobre cómo registrar y proteger las propiedades de los deportados.

El 8 de diciembre de 1915 el gobierno dictó la Ley Temporaria, que daba el marco para el trabajo de una Comisión de Liquidación de bienes (Tasfiye Komisyonlari) y de la Comisión de Administración de Propiedades Abandonadas (Emvâl-i Metrûke İdare Komisyonları). El colmo del cinismo fue el intento del gobierno otomano de cobrar, en nombre del Estado, los seguros que algunos armenios adinerados habían contratado en Estados Unidos y otros países.

Así, el proceso de confiscación de propiedades quedaba bajo un manto de legalidad. Se impedía, por otra parte, el retorno de los deportados -si sobrevivían-, cuya consecuencia era la imposibilidad de reclamar sus tierras, casas y bienes muebles, además, de perder la ciudadanía.

Voces valientes

Incluso en aquellos años la evidencia sobre la confiscación de bienes era tan avasallante que algunos políticos turcos alertaron sobre las injusticias cometidas en nombre de la patria. En relación a la Ley de Propiedades Abandonadas, el 13 de diciembre de 1915 el senador Ahmed Riza, una voz prominente en el Parlamento otomano, protestó airadamente.

“Es ilegal designar los activos armenios como ‘bienes abandonados’. Los armenios, sus propietarios, no abandonaron sus propiedades voluntariamente, fueron expulsados por la fuerza, obligadamente de sus domicilios y exiliados”, senaló Riza, de acuerdo a la investigación de Bedros Der Matossian sobre el destino del capital armenio hacia el final del Imperio Otomano.

Y agrega: “Ahora el gobierno, a través de sus esfuerzos, está vendiendo sus bienes (…) pero nadie puede vender mi propiedad si no estoy dispuesto a venderla (…) Si somos un régimen constitucional que funciona de acuerdo con la ley constitucional, no podemos hacer esto”, advirtió Riza.

En los últimos años varios investigadores de origen turco han trabajo sobre la confiscación de propiedades de armenios durante el genocidio. Uğur Ümit Üngör (Universidad de Amsterdam) y Mehmet Polatel (Universidad Bogazici) avanzaron varios pasos en base a archivos y fuentes oficiales turcas.

“Mientras los armenios pasaron de la riqueza a las ruinas, los turcos pasaron de la pobreza a la riqueza. Pero las pérdidas armenias no pueden expresarse simplemente en sumas, hectáreas y activos. La ideología de la ‘economía nacional’ no solo atacó económicamente al grupo objetivo, sino también en su prestigio, estima y dignidad colectivos”, indicaron Üngör y Polatel en un trabajo titulado “Confiscación y destrucción: Los Jóvenes Turcos y la incautación de propiedades armenias” (2011).

Üngor recuerda algunas propiedades confiscadas se utilizaron para “asentar refugiados y colonos, construir edificios estatales, abastecer al ejército y, de hecho, el propio programa de deportación. Esto me lleva a la sombría conclusión de que los armenios otomanos financiaron su propia destrucción”.

Sait Çetinoğlu (Universidad Libre de Ankara) destaca, por su parte, que hay una “comprensión histórica lineal”, que arranca en las masacres de Abdul Hamid en 1895, continúa con las masacres de Adaná de 1909 y “alcanzan su clímax en el genocidio de 1915”. El proceso continuó con el incendio de Esmirna (1922), más tarde la gravosa ley de Impuesto al Patrimonio (1941), que afectó a armenios, griegos y judíos, “encontrando su final con los pogromos del 6 y 7 de septiembre de 1955”.

La transferencia del ‘capital armenio’ del Imperio Otomano a la era de la República “no sólo demuestra una continuidad histórica, sino que también arroja luz sobre los movimientos de capital durante los diferentes regímenes políticos y el papel que desempeña este capital en la creación de nuevas clases económicas y en el fortalecimiento de la posición de las élites locales”, apunta Çetinoğlu. Más claro, echale agua.

Dos casos emblemáticos
Durante más de nueve décadas el Palacio de Çankaya (Ankara), fue la residencia primero del presidente y luego del primer ministro. Todo arrancó en 1921, en medio de la guerra greco-turca, cuando Mustafá Kemal recorriendo el área, quedó sorprendido por la imponente casona y los viñedos circundantes, que habían pertenecido al rico joyero y comerciante Ohannés Kasabian.
Durante el genocidio armenio la familia Kasabian logró escapar de Ankara y llegar a Estambul (entonces Constantinopla), pero sus propiedades fueron confiscadas. La residencia fue ocupada en ese entonces por la familia Bulgurluzâde. En 1921 Ataturk, el futuro presidente del país, compró la propiedad a Bulgurluzâde Tevfik Efendi por 4500 liras turcas.
El Palacio de Çankaya (Çankaya Köşkü) fue la residencia oficial del Presidente hasta que en 2014 Recep Tayyip Erdoğan decidió mudar el asiento oficial al Palacio Blanco (Ak Saray), un complejo faraónico de 1000 habitaciones y considerada la residencia presidencial más fastuosa del mundo.
Otro caso emblemático es la base aérea de Incirlik, situada 8 km al este de Adaná, y una de las más importantes para la presencia militar estadounidense en Medio Oriente.
El 29 de julio de 2010 Garbis Davon y Hrayr Turabian, dos ciudadanos estadounidenses de origen armenio, presentaron una demanda ante un tribunal de California (EE.UU.) aduciendo que una parte de las tierras (122 acres o 0,49 km2) perteneció a familiares suyos. Los demandados fueron el estado turco y varios bancos, acusados de haber confiscado la propiedad.
Otro reclamo fue presentado el 10 de diciembre de ese año, en el mismo sentido, por Rita Mahdessian, Alex Balakian y Anais Haroutounian. El reclamo conjunto ascendía a US$ 63 millones por la confiscación y otros US$ 100 millones por los ingresos acumulados en estos años.
Tras aceptar el caso y pasar por diversas instancias judiciales, en marzo de 2013 el tribunal rechazó el reclamo, avalando el argumento del Estado turco sobre la “ley de inmunidad soberana extranjera”. También fue rechazada la apelación de los demandantes armenios el 8 de agosto de 2019, informó la agencia de noticias turca Anadolu.

Carlos Boyadjian
Periodista
coboyadjian@yahoo.com.ar